El director general de Aduanas ha puesto en el tapete un tema que refleja la defensa de los intereses del Estado dominicano, que es lo mismo decir los intereses del pueblo.
El anuncio de Miguel Cocco de que se toman acciones legales para resarcir al Estado en el caso de las alteraciones de los fletes de combustibles importados por la Refidomsa, habla muy bien de lo que debe ser la actitud de un vigilante y defensor de la cosa pública.
En el caso de que se trata, es posible que el propio Estado resulte “cómplice” de la acción que se cuestiona, pues actúa de socio junto a la Shell en las operaciones de la Refidomsa.
Desde el surgimiento de esa sociedad, se ha cuestionado las desventajas con que opera el Estado dominicano, permitiendo a la multinacional servirse a sus anchas en el lucrativo negocio que ahora quiere vender al mejor comprador.
Esa desventaja pudo quedar reflejada cuando el propio Estado que ahora busca resarcirse, al parecer no pudo percatarse de acciones ilegales en un negocio del que él es responsable y copartícipe del 50%.
La actitud de Cocco, quien ha actuado atendiendo a la máxima jurídica de que “a confesión de parte, relevo de prueba”, vendría a crear las condiciones favorables para revisar y reestructurar el contrato que ampara la negociación compartida en Refidomsa.
Y eso bien pudiera contemplarse a raíz de la transacción que se avecina para el traspaso de las acciones de la Shell a los nuevos inversionistas en el lucrativo negocio de los combustibles.
Esta decisión de buscar resarcir al Estado en las alteraciones de los fletes para evadir el pago de impuestos, debe animar a las autoridades competentes a indagar otra denuncia que entonces se hizo de supuestas manipulaciones internas en la Refidomsa para provocar precios artificiales de los combustibles.
Si también se determinara la veracidad de esta última denuncia, el pueblo consumidor de combustible caro agradecería un resarcimiento.
. Todos los contenidos pueden ser reproducidos.
