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La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), y en coordinación con la Procuraduría Fiscal del Dto. Nacional, cursa una investigación relacionada con irregularidades detectadas en la Oficina de los Fiscalizadores del Juzgado |
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SANTO DOMINGO, D.N., Capital de la República Dominicana, UNA ½ ISLA en el Caribe, Invadida Pacíficamente por sus Vecinos con la tolerancia de los gobiernos, Septiembre 2008 (PID).- La Procuraduría General de la República informó que a través de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), y en coordinación con la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, cursa una investigación relacionada con irregularidades detectadas en la Oficina de los Fiscalizadores del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional.
La referida investigación se inició a raíz de una denuncia anónima presentada ante la DPCA a principio del mes de agosto de este año, la que daba cuenta de la distracción de fondos ingresados a dicha oficina por concepto del cobro de multas que les son impuestas a los ciudadanos por los Agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
Además, por la desviación de fondos percibidos como garantías económicas impuestas por los tribunales a través de fianzas prestadas en efectivo por quienes se ven envueltos en accidentes de tránsito por la Casa del Conductor, percibidos por el mismo concepto.
La información fue ofrecida por el director nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), doctor Octavio Lister, y el fiscal del Distrito Nacional, licenciado Alejandro Moscoso Segarra, durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la Procuraduría General de República.
El doctor Octavio Lister dijo
Los magistrados Lister y Moscoso Segarra informaron que con relación a esos hechos han sido investigados varios empleados y funcionarios que prestan servicios en la referida oficina, resultando por el momento suspendidos en sus funciones, sin disfrute de sueldo, la procuradora fiscal adjunta, Bertha Susana Byas Febles y los fiscalizadores Julio Peña Pérez y José Alonzo.
También, los secretarios de dicha oficina, señores María Salas y Marino Medina Herrera, éste último sobrino e hijo de crianza de la señora Byas Febles.
Se informó que las pesquisas serán ampliadas a otros sectores que interactúan en el referido recinto.
Igualmente, informaron que hasta el momento se estima que han sido sustraídos fondos pertenecientes a la Procuraduría General de la República que oscilan por los 2 millones 500 mil pesos (RD $2,500.000.00).
La Procuraduría General de la República hizo un llamado a todos los ciudadanos que hayan sido extorsionados o vulnerados en sus derechos por parte de miembros del Ministerio Público adscritos a esa oficina o por parte de agentes de AMET, para que se presenten por ante las oficinas de la DPCA o de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional a los fines de que expongan sus quejas o denuncias, garantizando la confidencialidad de las mismas.
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