Pero resulta y viene a ser que, contrario a lo que se esperaba, la presencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) se ha convertido en fuente permanente de quejas y protestas, que llueven prácticamente de todos lados; Por la Tormenta Noel, alrededor de 23 mil personas, repartidas en 32 puntos críticos, residen en miserables casuchas a orillas de ríos, arroyos y cañadas en esa ciudad. Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, ha mantenido un prudente silencio en la nueva crisis interna que sacude al tribunal, pero con lo poco que ha dicho ha permitido avizorar una salida más o menos digna

BAJO FUEGO CRUZADO CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA

La idea de crear un cuerpo de vigilancia especializado para custodiar la frontera y que a su vez redujera a su mínima expresión el secular contrabando en la zona fue acogida favorablemente, sobre todo porque se vendió no solo como la solución definitiva al trasiego ilegal de mercancías sino a la tradicional complicidad del Ejército Nacional con quienes se dedican a esa ilegal actividad.

Pero resulta y viene a ser que, contrario a lo que se esperaba, la presencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) se ha convertido en fuente permanente de quejas y protestas, que llueven prácticamente de todos lados; desde la sindica de Dajabón que va al Palacio Nacional a denunciar al nuevo cuerpo de vigilancia por “corrupto y represivo”, hasta la legisladora que utiliza su tribuna de la Cámara de Diputados para quejarse frente a sus colegas de los abusos y atropellos que comete contra pequeños comerciantes, sin dejar de mencionar al padre Regino Martínez y al Comité para la Defensa y Desarrollo de Dajabón, quienes aseguran tener pruebas documentales de los actos de corrupción en que se han involucrado sus miembros. Algo no ha funcionado, a pesar de las buenas intenciones, con el nuevo cuerpo de vigilancia fronteriza, y ojalá haya tiempo para las rectificaciones.

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BOTÓN DE MUESTRA 23 MIL PERSONAS, REPARTIDAS EN 32 PUNTOS CRÍTICOS

Un censo realizado por la Defensa Civil en Santiago constituye una muestra bastante representativa de las dimensiones del problema al que se enfrenta el gobierno cuando dice que, para evitar futuras desgracias a causa de los inevitables fenómenos naturales que de vez en cuando golpean al país, sacará de las zonas vulnerables a quienes las han escogido, a falta de otro lugar donde vivir, para construir sus precarias viviendas: alrededor de 23 mil personas, repartidas en 32 puntos críticos, residen en miserables casuchas a orillas de ríos, arroyos y cañadas en esa ciudad.

Toda esa gente, según el encargado de la Defensa Civil en Santiago, debería ser desalojada de donde malvive para ser llevada a lugares más seguros y habitables, pero esa es una responsabilidad que excede con mucho los recursos y posibilidades del organismo regional de socorro. ¿A dónde llevar a esa gente y cómo evitar que, una vez reubicados en nuevas y más dignas viviendas, no las vendan por unos cuantos chelitos para regresar a vivir a sus miserables casuchas, como ya ha ocurrido? Si el gobierno piensa asumir ese problema con seriedad y no como un esfuerzo coyuntural convenientemente amplificado con fines electorales va a necesitar invertir muchos recursos y diseñar planes y políticas de largo plazo para conjurarlo, y eso es algo en lo que no le gusta invertir a quienes nos gobiernan.

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SABIA SOLUCIÓN A LA VISTA DE UNA JUNTA MÁS FORTALECIDA

El doctor Roberto Rosario, presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, ha mantenido un prudente silencio en la nueva crisis interna que sacude al tribunal, pero con lo poco que ha dicho ha permitido avizorar una salida más o menos digna a la encerrona en que se ha metido la JCE al disponer una prohibición definitivamente extemporánea que, para colmo, ni siquiera está en capacidad de hacer cumplir. Rosario sugiere que el conocimiento de la instancia de oposición contra la resolución depositada ante el tribunal de comicios por el PRD, a la que acaba de sumarse la del PRSC en el mismo tenor, puede ser el espacio que sirva para propiciar, previo acuerdo con los partidos, una salida al conflicto, que no debería ser otra que rectificar los alcances de la polémica resolución, aplazando su aplicación o simplemente derogándola. No sería, como pudieran pensar los jueces del tribunal, un signo de debilidad, sino más bien una oportuna y sabia muestra de madurez de la que la JCE saldría más fortalecida.